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DECRETO Nª 2833 NUEVA BASE DE CALCULO Y NUEVA MODALIDAD PARA EL PAGO DEL CESTA TICKET SOCIALISTA

El Ejecutivo Nacional por iniciativa propia y sin consultar al sector empleador ni trabajador, también procedió a dictar el

DECRETO Nº 27 EN EL MARCO DEL ESTADO DE EXCEPCION Y EMERGENCIA ECONOMICA, MEDIANTE EL CUAL SE INCREMENTA LA BASE DE CALCULO Y SE MODIFICA LA MODALIDAD PARA EL PAGO DEL BENEFICIO DEL CESTA TICKET SOCIALISTA

A PARTIR DEL 1º DE MAYO DE 2017 la nueva base de cálculo para el pago del “Cesta Ticket Socialista” es el equivalente a 15 UT por día, a razón de 30 días por mes, hasta un máximo de 450 Unidades Tributarias al mes.

Esto representa un monto diario de CUATRO MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs 4.500,oo), y un monto mensual de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs 135.000,oo). 

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Gaceta Oficial
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Conozca en detalle el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial N° 6.298

En la Gaceta Oficial N° 6.298 de fecha sábado 13 de mayo de 2017, es publicado el Decreto N° 2.849, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
DECRETO N° 2.849
Artículo 1°. Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
Artículo 2°. Con fundamento en la declaratoria de Estado de Excepción y de Emergencia Económica a que refiere el presente Decreto, podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 constitucional, in fine, y las señaladas en el artículo 7° de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de alguna de las medidas excepcionales que a continuación se indican:
  1. Establecer las regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República.
  2. Disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del Ejercicio Económico Financiero 2016, si las hubiere, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.
  3. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el Presupuesto Anual, para optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de los recursos se ajustarán a los correspondientes presupuestos de ingresos.
  4. Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional agilizar y garantizar a la ciudadanía la importación, distribución y disponibilidad oportuna de las monedas y billetes de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.
  5. Autorizar de manera excepcional y temporal operaciones de comercialización y distribución de bienes y servicios en las zonas fronterizas, bajo regímenes especiales monetarios, cambiarios, fiscales y de seguridad integral.
  6. Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del País.
  7. Conformar estructuras organizativas que garanticen a nuestro pueblo y al sector productivo público y privado el expedito y justo acceso al sistema cambiario que impulsa el Estado venezolano y dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales que impidan las campañas de desestabilización y distorsión a la economía, impulsadas por factores nacionales y foráneos a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio.
  8. Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de los procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materias primas, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar.
  9. Dictar y autorizar operaciones de financiamiento, así como, reprogramaciones de los proyectos autorizados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Económico Financiero 2017.
  10. Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.
  11. Aprobar la formulación presupuestaria del Banco Central de Venezuela, cuando el órgano a quien correspondiere dicha aprobación se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.
  12. Organizar procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el acceso a los programas sociales que en el marco de la acción de gobierno se otorgan a las ciudadanas y los ciudadanos, para lo cual podrá valerse de los medios electrónicos más idóneos y asignar los recursos financieros que fueren necesarios.
  13. Facultar a la Administración Tributaria para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), con base a los análisis técnicos que correspondan, cuando el órgano competente que autorice, se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.
  14. Establecer mecanismos especiales de supervisión, control y seguimiento, de procura, obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros esenciales, fijación de precios, comercialización y distribución de los productos estratégicos necesarios para la agroproducción, alimentación, salud, aseo e higiene personal.
  15. Activar, potenciar y optimizar el funcionamiento de un Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento y Precios Justos, combatiendo el lucro exorbitante en detrimento del acceso a los bienes y servicios fundamentales asociado a los rubros estratégicos que determine el Ejecutivo Nacional.
  16. Dictar un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita, a través de la banca pública y privada, el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.
  17. Implementar políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.
  18. Generar mecanismos que viabilicen la cooperación de los entes públicos, privados y del Poder Popular, en función de ampliar los canales de distribución oportuna de alimentos y fármacos, priorizando la atención de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, e incorporando las instancias del Gobierno Local y Regional.
  19. Dictar normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados ubicados en los centros urbanos, que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos.
  20. Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional.
  21. Aprobar el redireccionamiento de recursos disponibles en Fondos Especiales, para el financiamiento de actividades de urgente realización en el marco de la recuperación económica y la garantía de derechos fundamentales de la población.
  22. La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional e internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar el normal desenvolvimiento del Sistema Eléctrico Nacional.
  23. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la Nación.
  24. Dictar los lineamientos que correspondan en materia de procura nacional o internacional de bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación y el sostenimiento de servicios públicos esenciales, tales como servicios domiciliarios, de salud, educación y seguridad ciudadana, en todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de cooperación que favorezcan a la República, mediante la aplicación excepcional de mecanismos expeditos de selección de contratistas y su ulterior contratación, que garanticen además la racionalidad y transparencia de tales contrataciones.
Artículo 3°. El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto del presente Decreto e impedir la extensión de sus efectos.
Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas podrá efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, con el objeto de fomentar el uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.
Artículo 5°. A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos.
Artículo 6°. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución del presente Decreto.
Artículo 7°. El presente Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Artículo 8°. El presente Decreto tendrá una vigencia de sesenta (60) días, contados a partir del 13 de mayo de 2017, prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.
Artículo 9°. El Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros del Poder Popular quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.
Artículo 10°. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 13 de mayo de 2017.
Dado en Caracas, a los trece días del mes de mayo de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)
NICOLÁS MADURO MOROS


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Presidente Maduro prolonga estado de emergencia económica para poder evadir entrega del presupuesto 2017 a la AN

El Primer Mandatario señala en el nuevo decreto que mediante normas especiales regulará producción y distribución de alimentos, medicinas y artículos de higiene personal.

A lo largo de este 2016, el presidente Nicolás Maduro ha tenido poderes especiales —cortesía de los decretos de emergencia económica— que le han permitido evadir los controles de la Asamblea Nacional (AN) en materia financiera y además imponer más regulaciones al sector privado.
En la Gaceta Extraordinaria 6.256 del 13 de septiembre, el Gobierno publicó otro decreto de Estado de Excepción y emergencia económica por un lapso de 60 días que lo excusa de presentar el presupuesto de 2017 ante el Parlamento, lo cual suele realizarse anualmente cada 15 de octubre, de acuerdo con lo señalado en la Ley Orgánica de Administración Financiera.
Según el decreto, el Jefe de Estado puede dictar normas especiales para establecer los límites máximos de gastos del próximo año, si resulta imposible tramitar el presupuesto.
El texto expresa que con la emergencia se puede “decretar una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si  por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto de 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.
Cada año las autoridades tienen que consignar el presupuesto a la AN que detalla el gasto inicial, porque los ingresos y egresos se subestiman, y las variables de: crecimiento, inflación, precio del petróleo y tipo de cambio así como los topes máximos de endeudamiento.
De hecho, la Carta Magna en su artículo 313 dice: “El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.
Para este período, la administración de Maduro no informará al Legislativo las variables que regirán la economía del próximo año ni el endeudamiento. El abogado José Vicente Haro señaló que “Maduro realiza otro fraude a la Constitución, evade una obligación”.
Haro explica que sería la primera vez que un Gobierno no presenta su gasto ante el Parlamento, porque en otras oportunidades lo que se ha hecho es una reconducción —aplicar un gasto igual al del ejercicio previo.
Desde que la oposición tiene la mayoría de la AN, Nicolás Maduro ha eludido los controles mediante la emergencia. En enero, por ejemplo, creó una norma especial con la cual no tiene que entregar créditos adicionales a los diputados.
Los recursos no ejecutados del pasado año fueron transferidos al Fonden y por esa vía el mandatario ejecuta la plata directamente. Con ese dinero y los ingresos tributarios ya se han aprobado más de 1 billón de bolívares en operaciones extraordinarias.
El decreto de emergencia incluye el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que faculta la aprobación de endeudamientos sin la autorización de los diputados.
Se indica que se podrán “aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”.
Las regulaciones
Por medio de los decretos de emergencia, el Jefe de Estado ha incrementado las regulaciones al sector privado, acciones que se han ejecutado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMAS). Con la nueva norma, los controles se amplían a las empresas de las áreas de alimentos, salud y artículos de higiene personal, los rubros con más escasez.
Esta emergencia le permite al Presidente ejecutar mecanismos especiales para “garantizar la aplicación eficaz y eficiente de políticas públicas nacionales orientadas al desarrollo de la producción, abastecimiento y distribución de alimentos, materias primas e insumos del sector agroalimentario, de producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar”.
Adicionalmente, puede implementar políticas para “la evaluación, seguimiento, control y resguardo de los productos y servicios del sistema agroindustrial así como de la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos, fármacos y productos de higiene”.
A ello se suma que puede seguir dictando medidas y planes de seguridad para el sostenimiento del orden público “ante acciones de desestabilización del orden económico y la normal satisfacción de las necesidades básicas del pueblo”.
En la anterior norma la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Clap fueron designados para sustentar el orden público.
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GACETA EXTRAORDINARIA 6.256 "Decreto de emergencia impone más regulaciones a las empresas"

Gaceta oficial Nº6.256 Extraordinario 13 de septiembre de 2016


En la Gaceta Extraordinaria 6.256 del 13 de septiembre, el Gobierno publicó otro decreto de Estado de Excepción y emergencia económica por un lapso de 60 días que lo excusa de presentar el presupuesto de 2017 ante el Parlamento, lo cual suele realizarse anualmente cada 15 de octubre, de acuerdo con lo señalado en la Ley Orgánica de Administración Financiera.

Según el decreto, el Jefe de Estado puede dictar normas especiales para establecer los límites máximos de gastos del próximo año, si resulta imposible tramitar el presupuesto.

El texto expresa que con la emergencia se puede “decretar una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si  por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto de 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.

Cada año las autoridades tienen que consignar el presupuesto a la AN que detalla el gasto inicial, porque los ingresos y egresos se subestiman, y las variables de: crecimiento, inflación, precio del petróleo y tipo de cambio así como los topes máximos de endeudamiento.

De hecho, la Carta Magna en su artículo 313 dice: “El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.

Para este período, la administración de Maduro no informará al Legislativo las variables que regirán la economía del próximo año ni el endeudamiento. El abogado José Vicente Haro señaló que “Maduro realiza otro fraude a la Constitución, evade una obligación”.

Haro explica que sería la primera vez que un Gobierno no presenta su gasto ante el Parlamento, porque en otras oportunidades lo que se ha hecho es una reconducción —aplicar un gasto igual al del ejercicio previo.

Desde que la oposición tiene la mayoría de la AN, Nicolás Maduro ha eludido los controles mediante la emergencia. En enero, por ejemplo, creó una norma especial con la cual no tiene que entregar créditos adicionales a los diputados.

Los recursos no ejecutados del pasado año fueron transferidos al Fonden y por esa vía el mandatario ejecuta la plata directamente. Con ese dinero y los ingresos tributarios ya se han aprobado más de 1 billón de bolívares en operaciones extraordinarias.

El decreto de emergencia incluye el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) que faculta la aprobación de endeudamientos sin la autorización de los diputados.

Se indica que se podrán “aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”.

Las regulaciones

Por medio de los decretos de emergencia, el Jefe de Estado ha incrementado las regulaciones al sector privado, acciones que se han ejecutado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMAS). Con la nueva norma, los controles se amplían a las empresas de las áreas de alimentos, salud y artículos de higiene personal, los rubros con más escasez.

Esta emergencia le permite al Presidente ejecutar mecanismos especiales para “garantizar la aplicación eficaz y eficiente de políticas públicas nacionales orientadas al desarrollo de la producción, abastecimiento y distribución de alimentos, materias primas e insumos del sector agroalimentario, de producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar”.

Adicionalmente, puede implementar políticas para “la evaluación, seguimiento, control y resguardo de los productos y servicios del sistema agroindustrial así como de la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos, fármacos y productos de higiene”.

A ello se suma que puede seguir dictando medidas y planes de seguridad para el sostenimiento del orden público “ante acciones de desestabilización del orden económico y la normal satisfacción de las necesidades básicas del pueblo”. 
En la anterior norma la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Clap fueron designados para sustentar el orden público.

http://cronica.uno/





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AVISO OFICIAL DE HOY Gaceta Nº 40.974 25 de agosto de 2016 NUEVO DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

Gaceta oficial Nº 40.974 25 de agosto de 2016

SUMARIO
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto N° 2.443, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Gastos del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad que en él se indica. 

Decreto N° 2.444, mediante el cual se autoriza la distribución de recursos adicionales con cargo al Presupuesto de Gastos del Gobierno del Distrito Capital, por la cantidad que en él se señala


La noche del viernes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la renovación del Decreto de Emergencia Económica además de un nuevo decreto de Estado de Excepción.

El decreto tiene una duración de 60 días y abarca no solo la seguridad y el orden público ante amenazas criminales sino también la participación de la Fanb en la distribución de alimentos.









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