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En Gaceta N° 41.177: TSJ declara constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica

Gaceta oficial Nº 41.177 21 de junio de 2017

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
Sala Constitucional 

Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 2.849, de fecha 13 de mayo de 2017, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.

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Presidente Maduro prolonga estado de emergencia económica para poder evadir entrega del presupuesto 2017 a la AN

El Primer Mandatario señala en el nuevo decreto que mediante normas especiales regulará producción y distribución de alimentos, medicinas y artículos de higiene personal.

A lo largo de este 2016, el presidente Nicolás Maduro ha tenido poderes especiales —cortesía de los decretos de emergencia económica— que le han permitido evadir los controles de la Asamblea Nacional (AN) en materia financiera y además imponer más regulaciones al sector privado.
En la Gaceta Extraordinaria 6.256 del 13 de septiembre, el Gobierno publicó otro decreto de Estado de Excepción y emergencia económica por un lapso de 60 días que lo excusa de presentar el presupuesto de 2017 ante el Parlamento, lo cual suele realizarse anualmente cada 15 de octubre, de acuerdo con lo señalado en la Ley Orgánica de Administración Financiera.
Según el decreto, el Jefe de Estado puede dictar normas especiales para establecer los límites máximos de gastos del próximo año, si resulta imposible tramitar el presupuesto.
El texto expresa que con la emergencia se puede “decretar una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si  por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto de 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.
Cada año las autoridades tienen que consignar el presupuesto a la AN que detalla el gasto inicial, porque los ingresos y egresos se subestiman, y las variables de: crecimiento, inflación, precio del petróleo y tipo de cambio así como los topes máximos de endeudamiento.
De hecho, la Carta Magna en su artículo 313 dice: “El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.
Para este período, la administración de Maduro no informará al Legislativo las variables que regirán la economía del próximo año ni el endeudamiento. El abogado José Vicente Haro señaló que “Maduro realiza otro fraude a la Constitución, evade una obligación”.
Haro explica que sería la primera vez que un Gobierno no presenta su gasto ante el Parlamento, porque en otras oportunidades lo que se ha hecho es una reconducción —aplicar un gasto igual al del ejercicio previo.
Desde que la oposición tiene la mayoría de la AN, Nicolás Maduro ha eludido los controles mediante la emergencia. En enero, por ejemplo, creó una norma especial con la cual no tiene que entregar créditos adicionales a los diputados.
Los recursos no ejecutados del pasado año fueron transferidos al Fonden y por esa vía el mandatario ejecuta la plata directamente. Con ese dinero y los ingresos tributarios ya se han aprobado más de 1 billón de bolívares en operaciones extraordinarias.
El decreto de emergencia incluye el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que faculta la aprobación de endeudamientos sin la autorización de los diputados.
Se indica que se podrán “aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”.
Las regulaciones
Por medio de los decretos de emergencia, el Jefe de Estado ha incrementado las regulaciones al sector privado, acciones que se han ejecutado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMAS). Con la nueva norma, los controles se amplían a las empresas de las áreas de alimentos, salud y artículos de higiene personal, los rubros con más escasez.
Esta emergencia le permite al Presidente ejecutar mecanismos especiales para “garantizar la aplicación eficaz y eficiente de políticas públicas nacionales orientadas al desarrollo de la producción, abastecimiento y distribución de alimentos, materias primas e insumos del sector agroalimentario, de producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar”.
Adicionalmente, puede implementar políticas para “la evaluación, seguimiento, control y resguardo de los productos y servicios del sistema agroindustrial así como de la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos, fármacos y productos de higiene”.
A ello se suma que puede seguir dictando medidas y planes de seguridad para el sostenimiento del orden público “ante acciones de desestabilización del orden económico y la normal satisfacción de las necesidades básicas del pueblo”.
En la anterior norma la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Clap fueron designados para sustentar el orden público.
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Conozca el argumento del TSJ para la aprobación del presupuesto nacional sin presentarlo al Legislativo



La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia autorizó al presidente a no presentar ante la Asamblea Nacional el presupuesto que regirá el gasto público en 2017, amparándose en el más reciente decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. 
Esta decisión sin precedentes, que implica el desconocimiento de la labor constitucional del poder Legislativo y su potestad de controlar las finanzas públicas, tiene fuertes implicaciones legales e incluso financieras para el país. 
El abogado constitucionalista José Vicente Haro  respondiendo  algunas  dudas respecto a la situación: 
¿Es válida la argumentación de la Sala Constitucional para esta decisión?
La decisión que emitió la Sala Constitucional se ampara en el artículo 2 numeral 4 del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. En la quinta emisión de un decreto de esta naturaleza aparece por primera vez el numeral cuarto, por lo que el presidente parecía tenerlo todo planificado al menos desde el pasado 13 de septiembre. 
En esta parte del texto el mandatario se reserva la potestad de decretar la normativa que considere necesaria en materia de ingresos y egresos si por alguna razón no pudiese aplicarla. 
La Sala Constitucional a petición del Ejecutivo ha señalado que con base en ese artículo 2 del mencionado decreto el presidente no puede presentar el presupuesto ante una Asamblea que supuestamente está en estado de desacato y cuyos actos son nulos. 
¿Cuáles son las consecuencias directas de este fallo de la Sala Constitucional?
La Sala Constitucional está utilizando dos argumentos bastante graves e inconstitucionales. Por una parte, un artículo de un Estado de Excepción no aprobado por la Asamblea Nacional y que por lo tanto no debería tener vigencia.
Por otro lado, lo está justificando en algo que no es correcto al decir que la Asamblea se encuentra en desacato. En lo absoluto, en desacato está la Sala Electoral al no haberse pronunciado más allá de los lapsos establecidos por la ley respecto al caso de los diputados de Amazonas. 
¿Por qué es inconstitucional el fallo respecto al presupuesto 2017?
En primer lugar se está violando el artículo 187 de la Constitución, numeral 6, que atribuye a la AN la competencia y potestad para aprobar el presupuesto. Además viola los artículos del 312 al 315, y muy en particular el 313, el cual incluye una frase lapidaria que creo que debe ser la base de cualquier reacción político-jurídica: El  artículo 313 dice expresamente que si por cualquier circunstancia el proyecto de Ley de Presupuesto no fuere presentado o aprobado por la AN, se entenderá reconducido el presupuesto del año en curso para el año siguiente.
En otras palabras, si por cualquier circunstancia el presidente termina por no presentar el presupuesto a la AN se conservarán las condiciones y la distribución de partidas del presupuesto 2016 con las mismas características.
Bajo este razonamiento, todo ingreso o egreso adicional a lo establecido en el presupuesto 2016 debe ser canalizado por la vía de créditos adicionales, conforme a la Ley de Administración Financiera del Sector Público. 
¿Alguna vez se ha dado un caso similar en la historia contemporánea del país?
Sí, a Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno e igualmente a Rafael Caldera les pasó que presentaron presupuestos con el congreso en contra y les tocó pedir créditos adicionales al año siguiente luego que los presupuestos fueran rechazados. 
Incluso Chávez nunca dejó de cumplir con los requisitos constitucionales.
¿Qué consecuencias puede traer el escenario que está planteado actualmente respecto al presupuesto 2017?
La sentencia de la Sala Constitucional es imprecisa, porque dice que el presidente le debe presentar el presupuesto pero no especifica si lo va a aprobar. 
Lo máximo que se puede pensar es que entre en vigencia y se apruebe su publicación, y con esto el TSJ estaría usurpando abiertamente funciones de la AN. 
En mi opinión la Asamblea debe hacer valer el artículo 313 de la Constitución y aprobar un acuerdo reconduciendo el presupuesto, además de revocar el decreto de Emergencia. 
Fuente de información: http://www.bancaynegocios.com/
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En Gaceta Nº 40.746 15 Oficializan Estado de Excepción en municipios de Edos. Apure y Zulia

Gaceta oficial Nº 40.746 15 de septiembre de 2015

Presidencia de la República  mediante los Decretos Nros 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016 declara el Estado de Excepción en los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada, Cañada de Urdaneta, Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del estado Zulia, igualmente en los municipios Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure.
Como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción quedan restringidas en el territorio de los municipios antes mencionados las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tal motivo:
  1. La inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de habitación, estadía o reunión de personas naturales, domicilio de personas jurídicas, establecimientos comerciales, o recintos privados abiertos o no al público, siempre que se llevan a cabo actividades económicas, financieras o comerciales de cualquier índole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves ilícitos administrativos, contra las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio, así como delitos o ilicitudes relacionados con la afección de la paz, el orden público y Seguridad de la Nación, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad y orden migratorio y delitos conexos, podrá realizarse sin necesidad de orden judicial previa. En toda actuación o procedimiento se respetará de forma absoluta la dignidad e integridad física, psíquica y moral de las personas así como el debido proceso. A tal efecto, será aplicable el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el funcionario detallar en el acta correspondiente las diligencias realizadas y los hallazgos a fin de cumplir con la cadena de custodia.
  2. Con ocasión de la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios y a los solos fines de determinar la comisión de los delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades competentes podrán practicar requisas personales, de equipajes y vehículos, dentro del más estricto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, mediante el cumplimiento de los protocolos que garantizan de forma efectiva y eficaz dicho respeto.
  3. Los Ministerios con competencia en las materia de relaciones interiores, justicia y paz, y defensa, mediante Resolución Conjunta, podrán establecer restricciones al tránsito de bienes y personas en los municipios afectados por la declaratoria a que se refiere el artículo 1° de este Decreto, así como el cumplimiento de cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a ésta, el traslado de bienes y pertenencias en el país, su salida o entrada, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
  4. No se permitirán reuniones públicas que no hubieran sido previamente autorizadas por el funcionario en quien se delega la ejecución del presente Decreto.
    El derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sólo podrá ejercerse previa autorización del funcionario en quien se delega la ejecución del presente Decreto, emitida a solicitud de los manifestantes. Dicha solicitud deberá presentarse con una anticipación de 15 días a la fecha fijada para su convocatoria.
  5. El Ministerio del Poder Popular para el Comercio, conjuntamente con los Ministerios con competencia en las materias de alimentación, agricultura y tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, comercialización, distribución, almacenamiento o producción de bienes esenciales o de primera necesidad, o regulaciones para su racionamiento; así como restringir o prohibir temporalmente el ejercicio de determinadas actividades comerciales.
Estos Decretos  tienen vigencia de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación de esta Gaceta , prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento constitucional.

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PRORROGAN ESTADO DE EXCEPCIÓN según Gaceta oficial Nº 40.782 05 de noviembre de 2015

Gaceta oficial Nº 40.782 05 de noviembre de 2015




SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 2.089, mediante el cual se prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto N° 1.989, de fecha 07 de septiembre de 2015, en el que se decretó el Estado de Excepción en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia.





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