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En Gaceta N° 41.177: TSJ declara constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica

Gaceta oficial Nº 41.177 21 de junio de 2017

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
Sala Constitucional 

Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 2.849, de fecha 13 de mayo de 2017, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.

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Cámara Venezolana de la Construcción expone su rechazo a la Constituyente

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan Andrés Sosa, manifestó que el gremio rechaza los términos en que ha sido planteada la Asamblea Constituyente propuesta por el Presidente de la República.
A continuación el comunicado:
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) se dirige al Gobierno nacional, a los poderes públicos, y a la ciudadanía en general, para manifestar su preocupación por la creciente inestabilidad política y social que agobia el país. Situación que solo podrá ser resuelta mediante la plena restitución y vigencia del orden constitucional, del Estado Social de Derecho y de Justicia, garantizando así el pluralismo social y político, indispensable para la sana convivencia democrática y el desarrollo económico del país.
Expresamos nuestro más absoluto rechazo a los términos en que ha sido planteada la Asamblea Constituyente propuesta por el Presidente de la República.
La universalidad es el derecho a votar de todos los venezolanos sin distinción de raza, sexo, creencias o condición social, está establecida en el (artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Elecciones “corporativas” por grupos o gremios cambian el sentido del sufragio y contrarían la Carta Magna. Ello lejos de contribuir a la paz social, atiza la protesta del ciudadano, profundizando la crisis que hoy nos embarga.
Cualquier propuesta Constituyente debe ser producto de un consenso nacional, que goce de legitimidad y apoyo popular, a los fines de consolidar el pacto democrático que debe ser la constitución. Una constituyente democrática jamás puede ser convocada para excluir, dividir o imponerse. Solo en un ambiente de democracia se puede realizar una constituyente democrática.
Estamos convencidos que los problemas del país no se resolverán mediante una nueva constitución, que profundice el modelo político, social y económico que ha sido el causante de la crisis que vivimos. Nuestros problemas se resolverán mediante un cambio de modelo que sea incluyente, respete los derechos ciudadanos, promueva la iniciativa privada y el desarrollo sostenible del país.
Exigimos el respeto a la disidencia consagrada como derecho en los artículos 53 y 68 de la Constitución Nacional y que cesen de calificarla con apelativos como terrorismo y golpismo, propiciando y justificando falazmente la represión desenfrenada.
Para finalizar, expresamos nuestro profundo pesar por la pérdida de vidas humanas, en su mayoría jóvenes venezolanos, cuyo único crimen es luchar por el país que aman y desean. Nuestras condolencias y solidaridad con sus familiares.
Aboguemos porque el Gobierno nacional concientice la grave situación en que se encuentra nuestro país, y permita que se resuelvan los conflictos sociales mediante un verdadero acuerdo nacional, con la convocatoria a unas elecciones libres y transparentes, apegadas a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Construyamos juntos en Democracia y Libertad, la Patria de la cual todos nos sintamos orgullosos.
Honradez, deber y país es lo que nos motiva.
Caracas, 11 de mayo de 2017
Fuente: https://cactus24.com.ve/
Cámara Venezolana de la Construcción se opone a la Constituyente

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Pronunciamiento de la Academia Ciencias Económicas ante la situación de aprobación del presupuesto 2017

A continuación reproducimos el texto:

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en atención a lo dispuesto en el numeral cuarto del Artículo 2 de la Ley que la rige, se dirige a la nación para expresar su preocupación ante la sentencia de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 11/10/2016 en la que decide: 

“3.-Que en esta oportunidad el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión, bajo la forma de decreto que tendrá rango y fuerza de ley, la cual ejercerá el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental, todo ello en garantía de los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria.

4.- Que ese decreto de presupuesto nacional, con rango y fuerza de ley, tendrá vigencia para el ejercicio fiscal 2017, estará sujeto a las normas y principios que rigen la materia y al control constitucional de esta Sala, conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del sistema de garantías previstos en el Texto Fundamental, sin perjuicio de las atribuciones inherentes al Poder Ciudadano en esta materia.

6.- Que en el presente caso no procede la reconducción presupuestaria y que, por ende, la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional.”

Debemos advertir que la Ley de Presupuesto Nacional es un elemento central de la política pública para el desarrollo de cualquier país. Constituye el principal instrumento para el manejo de la política fiscal de la Nación y en ella se expresan las estimaciones de los ingresos y gastos a ser realizados en el período fiscal por parte del Gobierno Central, así como las necesidades financieras adicionales que no pudieran cubrirse con ingresos ordinarios. En una sociedad democrática, el Gobierno Central no puede decidir arbitrariamente el nivel y composición de los ingresos y gastos públicos. Es por ello que el Presupuesto de la Nación presentado por el Ejecutivo debe aprobarlo el órgano constitucional que representa a los venezolanos, vale decir: la Asamblea Nacional. De acuerdo a nuestra Constitución, el Gobierno es un administrador y ejecutor de las directrices que emanan de los ciudadanos.  El Poder Legislativo encarna la pluralidad necesaria para asegurar que las prioridades recogidas en la estructura del presupuesto respondan a las necesidades del país, conforme a la diversidad de enfoques y perspectivas, ahí expresadas. Además, el Poder Legislativo realiza su función contralora al Gobierno y del cumplimiento de sus compromisos. A esta función contralora se suma el derecho de la ciudadanía a la realización de contraloría social, a quien en última instancia se debe responder por el uso de los fondos públicos.

Debemos insistir, los ingresos previstos en la Ley de Presupuesto Nacional no son sino los tributos impuestos a las personas naturales y jurídicas por sus actividades económicas. En ejercicio de su soberanía, consagrada en el artículo 5 de la Carta Magna, es la misma sociedad la que debe decidir,  a través de sus órganos de representación, cómo financiar la provisión de los bienes y servicios que el Gobierno Central debe proveerle con el objeto de garantizar y mejorar el nivel del bienestar social.

Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia  impide el cumplimiento de un precepto constitucional fundamental que define nuestro carácter como sociedad democrática. En nuestra Constitución, y en las leyes orgánicas que la han desarrollado, se establecen con toda claridad los procedimientos que deben seguirse en las diferentes situaciones que podrían presentarse en el proceso de la formulación, aprobación, ejecución y control del Presupuesto Nacional. Las instituciones y el marco legal que nos rige no pueden estar supeditados a objetivos político-partidistas circunstanciales; el respeto irrestricto de la normativa que nos hemos dado como sociedad es, ante todo, una obligación del Gobierno Nacional.


La Academia Nacional de Ciencias Económicas, cumpliendo con sus deberes, se siente obligada a alertar a la Nación ante este atentado contra el Orden Constitucional en un área tan relevante para el buen funcionamiento de la economía y de su institucionalidad democrática.



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