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Lease SUMARIO de la Gaceta oficial Nº 41244

Gaceta oficial Nº 41244 26 de septiembre de 2017


SUMARIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
SENIAT 

Providencia mediante la cual se establecen las formalidades para la emisión de facturas, declaración y pago por las ventas de bienes muebles y prestaciones de servicios efectuados a personas naturales y jurídicas, que gozan de la rebaja del tres o cinco por ciento (3 ó 5%) de la Alícuota Impositiva General del Impuesto al Valor Agregado. 

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

Resolución mediante la cual se reforma parcialmente la Resolución N° 11-11-05, contentiva del Reglamento del Sistema de Cámara de Compensación Electrónica. Resolución mediante la cual se establece el cálculo de la posición de encaje que deberán mantener depositados en el Banco Central de Venezuela las instituciones bancarias que hayan adquirido “Certificados de Participación BANDES Agrícola 2018”, emitidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) durante el año 2017 para el otorgamiento de créditos al sector agrícola nacional, se hará conforme a lo previsto en el Artículo 2° de la Resolución N° 14-03-02, dictada por este Instituto el 13 de marzo de 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en las Resoluciones que en ella se indican. 
 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE 
INAC 

Providencias mediante las cuales se conceden los Permisos Operacionales a las sociedades mercantiles que en ellas se mencionan, de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que en ellas se especifican. 

IFE 

Providencias mediante las cuales se designan a los ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, de este Instituto. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS COMUNAS 
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
SAFONAPP 

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Freddy José Navarro Gómez, como Director General de la Oficina de Gestión Comunicacional, en calidad de Encargado, de este Organismo, y se le delega la competencia, certificación y firma de los documentos, trámites y demás actuaciones que conciernen a su cargo. 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
Sala Constitucional 

Decisión mediante la cual se declara la Constitucionalidad del Decreto N° 3.074, de fecha 11 de septiembre de 2017, donde se establece el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afecten el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República

Descargue en PDF detalle del SUMARIO de Gaceta 41244 



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Magistrado del TSJ se pronuncia en contra de la Constituyente

Este martes el Magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Antonio Mojica, rechazó la propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente de la república Nicolás Maduro.
Mojica aseveró en un video publicado en las redes sociales que “sin la aprobación del pueblo compromete la soberanía popular y la aniquila, es una apuesta de alto riesgo ya que está en juego la estructura de estado y la paz social, dada la conmoción política que vive el país”.
El Magistrado pidió al mandatario nacional que reflexione ante los hechos y muertes devenidas en días recientes y dijo compartir la posición de la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Escuche la entrevista exclusiva realizada por el periodista Fernando Tineo, descargue el video AQUÍ 
(VIDEO) Magistrado del TSJ se pronuncia en contra de la Constituyente
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Se ordenó un proceso penal por presunto delito de espionaje



La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de su presidente, magistrado Maikel Moreno, declaró ha lugar la solicitud de radicación propuesta por la fiscal general militar, capitán de navío Siria Venero de Guerrero, de conformidad con lo previsto en el artículo 64, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por lo que se ordenó radicar un proceso penal por presunto espionaje ante un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas.
Se trata de la causa penal llevada por la Fiscalía Militar Cuadragésima Sexta del estado Bolívar, contra los ciudadanos de nacionalidad venezolana: Luis Enrique Gámez Zamora, Aníbal José Salazar Cabezas, José Rafael Valdez Cevallos y Jesús Salvador González, y los de nacionalidad colombiana Ignacio Ovidio Murillo Bedoya, Manuel Rogelio Mosquera Córdova, Gustavo Javier Manjares Pérez, Jaider Antonio Cachila Ramírez, Wiston Pérez Roa, Carlos Enrique Urrutia Mosquera, Carlos Andrés Quinto Aspirella, Deivid Montes Ramírez y Wilson Hernández Villada, por la presunta comisión del delito de espionaje, tipificado en los artículo 471 (numeral 1) y 472 del Código Orgánico de Justicia Militar.
Según acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Región de Contrainteligencia Militar Guayana, el 20 de mayo de 2016 se recibió información que indicaba la presencia de un grupo de personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculados al paramilitarismo, quienes pretendían trasladarse hasta la población de Tumeremo, municipio Sifontes (Edo. Bolívar), para realizar labores de inteligencia, mediante la infiltración en el área, obtener información referente a la presencia de la FANB en dicha localidad, en cuanto a personal, armamento, zonas de control, y operaciones militares, así como efectuar reconocimiento del área, con el fin de posicionarse y tomar control de las zonas mineras, pero luego de las coordinaciones respectivas fueron detenidos en flagrancia.
Indica la sentencia N° 156/2017 de la Sala de Casación Penal del TSJ, que la solicitud de radicación presentada se enmarca en los supuestos de excepcionalidad que exige la norma adjetiva penal para la procedencia de la misma, fundamentándose en delitos graves cuya perpetración ha causado alarma, sensación o escándalo público en la colectividad, capaz de afectar el normal desenvolvimiento del proceso penal, comprometiendo los derechos y garantías de los cuales están revestidos los imputados. Verificándose el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 64  del COPP, lo cual justifica subrogar la competencia territorial, en un tribunal de diferente extensión territorial.
En vista de lo anterior, se ordenó la remisión de las actuaciones al Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas, así como la remisión de copia certificada de la presente decisión a la Fiscalía Militar Cuadragésima Sexta de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.
Fuente: http://www.tsj.gob.ve/
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Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en “omisión legislativa”

El vicepresidente Tareck El Aissami, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, y los ministros del gobierno venezolano presentarán sus informes de gestión del año pasado ante la Justicia, evitando hacerlo -como establece la Constitución- ante el Parlamento, controlado por la oposición.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, declaró este viernes a la Asamblea Nacional en “omisión legislativa”, por considerarla en desacato por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue anulada por denuncias de fraude.
“Si bien en situaciones de normalidad (…), los ministros o ministras deberían presentar (su informe) ante el Parlamento (…), no es menos cierto que ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo Nacional, tal actuación (…) no debe tener lugar ante el mismo”, señaló una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.
Así, los funcionarios expondrán su memoria y cuenta ante el máximo tribunal del país el viernes de la próxima semana.
Ya lo hizo de esa forma el presidente Nicolás Maduro en enero, autorizado por el TSJ por idénticas razones.
El fallo se produce un día después de que la mayoría opositora en la cámara aprobara un voto de censura contra el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, al culparlo de la crisis del sector durante 2016. Ello implicaría, según la Constitución, su destitución.
“Yo sigo siendo el ministro hasta que el presidente lo decida”, dijo Motta este viernes a la televisora estatal VTV.
La sentencia del TSJ ratificó que, al estar en desacato, todos los actos del Parlamento “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”.
Fuente: https://www.el-carabobeno.com/
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En Gaceta oficial Nº 41.010 publican Comisión de Contrataciones Públicas de Empresa de Distribución de Productos e Insumos

Gaceta oficial Nº 41.010 17 de octubre de 2016

A continuación se presenta el contenido  de la Gaceta Oficial N° 41.010 , publicada el 17 de octubre de 2016, con los más importantes Decretos, Actas, Providencias y Resoluciones emanadas de los distintos Ministerios, de los Organismos y de las Empresas del Estado.

SUMARIO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 2.488, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de Faros y Boyas y del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA BANCA Y FINANZAS 
ONAPRE

Providencia mediante la cual se procede a la publicación del Traspaso de Créditos Presupuestario entre Gastos de Capital por la cantidad que en ella se menciona, del Tribunal Supremo de Justicia. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA DEFENSA 

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de Brigada Jesús Rafael Salazar Velásquez, como Presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) de la Dirección General de Empresas y Servicios del Despacho del Viceministro de Servicios, Personal y Logística. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS, 
ESTRATÉGICAS Y SOCIALISTAS 

Empresa de Distribución de Productos e Insumos “Venezuela Productiva, C.A.” 
Providencia mediante la cual se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas de esta Empresa; y se designa como Miembros Principales y Suplentes a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican.






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Presidente Maduro prolonga estado de emergencia económica para poder evadir entrega del presupuesto 2017 a la AN

El Primer Mandatario señala en el nuevo decreto que mediante normas especiales regulará producción y distribución de alimentos, medicinas y artículos de higiene personal.

A lo largo de este 2016, el presidente Nicolás Maduro ha tenido poderes especiales —cortesía de los decretos de emergencia económica— que le han permitido evadir los controles de la Asamblea Nacional (AN) en materia financiera y además imponer más regulaciones al sector privado.
En la Gaceta Extraordinaria 6.256 del 13 de septiembre, el Gobierno publicó otro decreto de Estado de Excepción y emergencia económica por un lapso de 60 días que lo excusa de presentar el presupuesto de 2017 ante el Parlamento, lo cual suele realizarse anualmente cada 15 de octubre, de acuerdo con lo señalado en la Ley Orgánica de Administración Financiera.
Según el decreto, el Jefe de Estado puede dictar normas especiales para establecer los límites máximos de gastos del próximo año, si resulta imposible tramitar el presupuesto.
El texto expresa que con la emergencia se puede “decretar una normativa especial para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio económico financiero 2017, si  por situaciones de hecho o impedimentos jurídicos resultare imposible tramitar el presupuesto de 2017 oportunamente, con el objeto de evitar daños irreparables al Patrimonio Público, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos y entes públicos”.
Cada año las autoridades tienen que consignar el presupuesto a la AN que detalla el gasto inicial, porque los ingresos y egresos se subestiman, y las variables de: crecimiento, inflación, precio del petróleo y tipo de cambio así como los topes máximos de endeudamiento.
De hecho, la Carta Magna en su artículo 313 dice: “El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por esta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.
Para este período, la administración de Maduro no informará al Legislativo las variables que regirán la economía del próximo año ni el endeudamiento. El abogado José Vicente Haro señaló que “Maduro realiza otro fraude a la Constitución, evade una obligación”.
Haro explica que sería la primera vez que un Gobierno no presenta su gasto ante el Parlamento, porque en otras oportunidades lo que se ha hecho es una reconducción —aplicar un gasto igual al del ejercicio previo.
Desde que la oposición tiene la mayoría de la AN, Nicolás Maduro ha eludido los controles mediante la emergencia. En enero, por ejemplo, creó una norma especial con la cual no tiene que entregar créditos adicionales a los diputados.
Los recursos no ejecutados del pasado año fueron transferidos al Fonden y por esa vía el mandatario ejecuta la plata directamente. Con ese dinero y los ingresos tributarios ya se han aprobado más de 1 billón de bolívares en operaciones extraordinarias.
El decreto de emergencia incluye el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que faculta la aprobación de endeudamientos sin la autorización de los diputados.
Se indica que se podrán “aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos”.
Las regulaciones
Por medio de los decretos de emergencia, el Jefe de Estado ha incrementado las regulaciones al sector privado, acciones que se han ejecutado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMAS). Con la nueva norma, los controles se amplían a las empresas de las áreas de alimentos, salud y artículos de higiene personal, los rubros con más escasez.
Esta emergencia le permite al Presidente ejecutar mecanismos especiales para “garantizar la aplicación eficaz y eficiente de políticas públicas nacionales orientadas al desarrollo de la producción, abastecimiento y distribución de alimentos, materias primas e insumos del sector agroalimentario, de producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar”.
Adicionalmente, puede implementar políticas para “la evaluación, seguimiento, control y resguardo de los productos y servicios del sistema agroindustrial así como de la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos, fármacos y productos de higiene”.
A ello se suma que puede seguir dictando medidas y planes de seguridad para el sostenimiento del orden público “ante acciones de desestabilización del orden económico y la normal satisfacción de las necesidades básicas del pueblo”.
En la anterior norma la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Clap fueron designados para sustentar el orden público.
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PUBLICACIÓN EXTRAORDINARIA EN GACETA OFICIAL 6262 " SENTENCIA DEL TSJ PARA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL"

Gaceta oficial Nº6.262 Extraordinario 13 de octubre de 2016



SUMARIO


Sala Constitucional Sentencia mediante la cual la Sala Constitucional declara que el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esa Sala, máxima instancia de la jurisdicción constitucional, así como también el Decreto de Presupuesto Nacional que tendrá vigencia para el Ejercicio Fiscal 2017, y estará sujeto a las normas y principios que rigen la materia y al control constitucional de esta sala, sin perjuicio de las atribuciones inherentes al poder ciudadano y a la contraloría social en esta materia;  en el presente caso  no procede la reconducción presupuestaria y que, por ende, la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente Decreto de Presupuesto Nacional.




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