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TSJ declaró constitucionalidad del decreto N° 2.849 de estado de excepción y emergencia económica

La sala Constitucional también determina como nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto.

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El TSJ declaró, junto a todos sus magistrados, que es competente para revisar la constitucionalidad del Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.928 de esa misma fecha, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, así lo anunció a través de una nota de prensa. 

Dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y los ciudadanos habitantes de la República, el Tribunal Supremo de Justicia obedece a la ingente necesidad de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pueda continuar con la adopción de las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

La Sala Constitucional del TSJ también determina como nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica N° 2.849 del 13 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.928 de esa misma fecha.

Asimismo reiteró lo declarado en la sentencia N° 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se explicó “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”. 

Además que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional.

Fuente: http://www.elmundo.com.ve/

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Léase Comunicado de la Sala Constitucional del TSJ modificación sentencias 155 y 156

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que después de revisar los contenidos de las sentencias 155 y 156, publicadas el 28 y 29 de marzo respectivamente, aclaraba de oficio el contenido y suprimía las facultades supraconstitucionales de Nicolás Maduro, y la que le da a la Sala Constitucional las competencias de la Asamblea Nacional.
En el Sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se publicaron este 1° de abril las sentencias 157 y 158, la primera es una aclaratoria de la sentencia 155 que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. Una ponencia conjunta de la Sala decidió “suprimir dicho contenido”.
Sentencia 155: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo”.
Sentencia 156: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime”.
Asimismo, el Consejo de Defensa destacó “los loables esfuerzos” del presidente Nicolás Maduro para la resolución de las diferencias entre Poderes Públicos.
COMUNICADO
El Consejo de Defensa de la Nación, debidamente convocado y presidido el día de hoy por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado, conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, en ocasión de la controversia surgida por la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido:
1. Ratificar que el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional es la sala competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes.
2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.
3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos.
4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda de soluciones para resolver, dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo, los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.
5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur, el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.
6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano.
La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto estado de derecho, no está discusión ni entredicho. Es muestra del Estado constitucional de derecho, de justicia social y paz, edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica, el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible.
En palabras de nuestro Libertador: “Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley” Simón Bolívar
Caracas , 1 de abril de 2017
Fuente: http://noticierolegal.com

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Léase Gaceta oficial Nº 41.086 " Sentencias del TSJ sobre acto legislativo de la Asamblea Nacional"

Gaceta oficial Nº 41.086 31 de enero de 2017

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 


Sala Constitucional 


Decisión mediante la cual se declara competente para revisar la constitucionalidad del Decreto N° 2.667, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017, donde se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, y se declara la constitucionalidad del referido Decreto. 

“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara procedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta, con efectos extensivos a todos los trabajadores de la Asamblea Nacional y ordena al Ejecutivo Nacional el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de dicho órgano legislativo, mientras la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones de esta Sala Números 808/16, 948/16 y 2/17”.

Descargue en PDF Gaceta oficial 41086 


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Conozca el argumento del TSJ para la aprobación del presupuesto nacional sin presentarlo al Legislativo



La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia autorizó al presidente a no presentar ante la Asamblea Nacional el presupuesto que regirá el gasto público en 2017, amparándose en el más reciente decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. 
Esta decisión sin precedentes, que implica el desconocimiento de la labor constitucional del poder Legislativo y su potestad de controlar las finanzas públicas, tiene fuertes implicaciones legales e incluso financieras para el país. 
El abogado constitucionalista José Vicente Haro  respondiendo  algunas  dudas respecto a la situación: 
¿Es válida la argumentación de la Sala Constitucional para esta decisión?
La decisión que emitió la Sala Constitucional se ampara en el artículo 2 numeral 4 del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. En la quinta emisión de un decreto de esta naturaleza aparece por primera vez el numeral cuarto, por lo que el presidente parecía tenerlo todo planificado al menos desde el pasado 13 de septiembre. 
En esta parte del texto el mandatario se reserva la potestad de decretar la normativa que considere necesaria en materia de ingresos y egresos si por alguna razón no pudiese aplicarla. 
La Sala Constitucional a petición del Ejecutivo ha señalado que con base en ese artículo 2 del mencionado decreto el presidente no puede presentar el presupuesto ante una Asamblea que supuestamente está en estado de desacato y cuyos actos son nulos. 
¿Cuáles son las consecuencias directas de este fallo de la Sala Constitucional?
La Sala Constitucional está utilizando dos argumentos bastante graves e inconstitucionales. Por una parte, un artículo de un Estado de Excepción no aprobado por la Asamblea Nacional y que por lo tanto no debería tener vigencia.
Por otro lado, lo está justificando en algo que no es correcto al decir que la Asamblea se encuentra en desacato. En lo absoluto, en desacato está la Sala Electoral al no haberse pronunciado más allá de los lapsos establecidos por la ley respecto al caso de los diputados de Amazonas. 
¿Por qué es inconstitucional el fallo respecto al presupuesto 2017?
En primer lugar se está violando el artículo 187 de la Constitución, numeral 6, que atribuye a la AN la competencia y potestad para aprobar el presupuesto. Además viola los artículos del 312 al 315, y muy en particular el 313, el cual incluye una frase lapidaria que creo que debe ser la base de cualquier reacción político-jurídica: El  artículo 313 dice expresamente que si por cualquier circunstancia el proyecto de Ley de Presupuesto no fuere presentado o aprobado por la AN, se entenderá reconducido el presupuesto del año en curso para el año siguiente.
En otras palabras, si por cualquier circunstancia el presidente termina por no presentar el presupuesto a la AN se conservarán las condiciones y la distribución de partidas del presupuesto 2016 con las mismas características.
Bajo este razonamiento, todo ingreso o egreso adicional a lo establecido en el presupuesto 2016 debe ser canalizado por la vía de créditos adicionales, conforme a la Ley de Administración Financiera del Sector Público. 
¿Alguna vez se ha dado un caso similar en la historia contemporánea del país?
Sí, a Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno e igualmente a Rafael Caldera les pasó que presentaron presupuestos con el congreso en contra y les tocó pedir créditos adicionales al año siguiente luego que los presupuestos fueran rechazados. 
Incluso Chávez nunca dejó de cumplir con los requisitos constitucionales.
¿Qué consecuencias puede traer el escenario que está planteado actualmente respecto al presupuesto 2017?
La sentencia de la Sala Constitucional es imprecisa, porque dice que el presidente le debe presentar el presupuesto pero no especifica si lo va a aprobar. 
Lo máximo que se puede pensar es que entre en vigencia y se apruebe su publicación, y con esto el TSJ estaría usurpando abiertamente funciones de la AN. 
En mi opinión la Asamblea debe hacer valer el artículo 313 de la Constitución y aprobar un acuerdo reconduciendo el presupuesto, además de revocar el decreto de Emergencia. 
Fuente de información: http://www.bancaynegocios.com/
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